Una parte considerable de la economía mundial ya se mueve, y seguirá moviéndose, en entornos digitales. Servicios en línea, plataformas tecnológicas, bienes intangibles, suscripciones, contenido bajo demanda, entre otros, son ahora parte del consumo cotidiano. Y con ello, los sistemas tributarios de decenas de países han tenido que actualizarse para evitar la pérdida de recaudación y, al mismo tiempo, garantizar un trato justo entre los negocios tradicionales y los digitales. Pero en Honduras, el sistema fiscal, particularmente el Impuesto sobre Ventas (ISV), todavía opera bajo una lógica analógica, dejando fuera todo un universo económico que crece cada día.
Mientras países vecinos reforman sus leyes, adoptan mecanismos de fiscalización modernos y se alinean con las recomendaciones de la OCDE y el CIAT, Honduras sigue atrapada entre parches normativos, decretos sin aplicación real, y proyectos de factura electrónica que no terminan de despegar.[1] Esta desconexión no solo genera pérdida de ingresos públicos; también agrava la informalidad, distorsiona la competencia y profundiza el rezago institucional.[2]
La Realidad Fuera de Honduras
En el ámbito internacional, más de 70 países, entre ellos varias economías latinoamericanas como Bahamas, Barbados, Chile, Colombia, Costa Rica y México, han adoptado los lineamientos propuestos por la OCDE para la tributación del comercio digital, obteniendo resultados favorables en términos de recaudación fiscal, mejora en el cumplimiento tributario y una mayor equidad entre las operaciones digitales y las tradicionales. Como parte de estas reformas, muchos de estos países han optado por gravar el consumo digital aplicando un principio clave: el impuesto debe pagarse en el lugar donde se encuentra el consumidor, sin importar si la empresa proveedora tiene presencia física en ese territorio.
Esto ha implicado exigir que empresas como Netflix, Spotify, Meta o Amazon se registren en las administraciones tributarias locales, o bien que sean las tarjetas de crédito o bancos quienes retengan el impuesto al momento del pago. En ambos casos, la lógica es sencilla: si el consumo ocurre en el país, el impuesto también.
Además, en estos países la implementación de facturación electrónica ha sido central. No como un experimento, sino como un pilar real de control tributario, formalización y eficiencia. Argentina, Perú, Brasil, Ecuador y México tienen años de experiencia en esto (así como recientemente lo tienen países como El Salvador), con resultados comprobables: más cumplimiento, menos evasión, y una base tributaria más robusta.[3]
Honduras: Retraso en normativas y ausencia de modernización
Contrastando con este panorama dinámico, Honduras se encuentra rezagada en la adaptación de su sistema tributario a la economía digital. A la fecha, no existen en la legislación hondureña de ISV reglas específicas que aborden la prestación de servicios digitales o la venta de bienes intangibles. Dentro de este ámbito, no se ha incorporado definiciones ni mecanismos claros para gravar el consumo digital. En la práctica, esto significa que la descarga de una aplicación, la suscripción a un servicio en línea extranjero o la compra de contenido digital por parte de consumidores hondureños podrían no estar pagando el impuesto de manera efectiva, especialmente cuando el proveedor no tiene presencia en el país. De hecho, un estudio de 2021 estimó que por no gravar servicios digitales del exterior, Honduras (junto a otros siete países de la región) dejó de recaudar en 2018 millones de dólares en ISV que legítimamente le correspondían. [4] Esos son recursos significativos que se escapan de las arcas públicas, mientras el comercio digital sigue en auge sin ser debidamente gravado.
Otro punto crítico es la ausencia de un sistema de facturación electrónica funcional. Mientras la mayoría de países latinoamericanos ya cuentan con sistemas de factura electrónica operando (muchos de ellos obligatorios y masivos), Honduras recién en 2023 ha dado pasos iniciales con asistencia técnica internacional para implementar los documentos tributarios electrónicos. [5] Aún no existe una cobertura amplia ni obligatoriedad generalizada de emitir facturas electrónicas en el país. Esto impacta negativamente el control fiscal: sin facturación electrónica, es más difícil para la administración tributaria detectar ventas no declaradas, seguimientos de grandes volúmenes de transacciones en línea o incluso entre negocios locales. La falta de este pilar tecnológico no solo afecta la recaudación del ISV en la economía digital, sino que perjudica el control del ISV en general y dificulta integrar a la informalidad. En países con alto grado de informalidad como Honduras, la factura electrónica suele ser una herramienta potente para formalizar operaciones (por ejemplo, exigiéndola para ventas a gobierno, o para deducir gastos empresariales, se arrastra a proveedores informales hacia la formalidad). Honduras, al carecer todavía de un sistema plenamente funcional, pierde esa oportunidad de oro para transparentar el comercio.
Conclusiones
En conclusión, Honduras enfrenta el reto impostergable de modernizar su sistema tributario acorde a la era digital. La economía hondureña no puede darse el lujo de mantener vacíos legales y operativos que eximen de facto a un sector cada vez más grande de la actividad económica. La experiencia internacional muestra que es posible gravar la economía digital de forma eficaz sin frenar la innovación, obteniendo ingresos valiosos para el Estado y asegurando condiciones equitativas para el comercio. Honduras cuenta con referentes, herramientas y recomendaciones listas para usar. El paso siguiente es traducirlas en acción concreta. Adoptar reglas de ISV digital, lanzar la factura electrónica, fomentar la formalización e integrar a las plataformas como aliadas fiscales son medidas que traerán múltiples beneficios: más recaudación, mayor formalidad, y un sistema tributario actualizado que acompaña el desarrollo económico. En tiempos donde la digitalización avanza a paso firme, no actuar equivale a ceder terreno fiscal y obstaculizar la competitividad a futuro. Honduras puede ponerse ante la vanguardia regional en tributación digital si toma estas recomendaciones y emprende una reforma tributaria integral orientada a este siglo. Los contribuyentes hondureños, tanto empresas como consumidores, ya viven en la economía digital; es hora de que el sistema tributario también lo haga.
[1] OECD/WBV/CIAT/IDB, «VAT Digital Toolkit for Latin America and the Caribbean (OECD 2021)», disponible en https://www.oecd.org/tax/ consumption/vat-digital-toolkit-for-latin-america-and-the-caribbean. Htm
[2] R. Ramos Obando, «A Decade of VAT Reforms in Honduras: A Legislative Fixation on Exemptions», International VAT Monitor 35, n.o 3, https://doi.org/10.59403/2f52j1s.
[3] Ver Fany Karol Mejia Dueñas, «El Proceso de Masificación de la Facturación Electrónica en el Salvador», en Retos y oportunidades para las administraciones tributarias tras la crisis de COVID-19, ed. CIAT y NORAD, Libros CIAT (CIAT/NORAD, 2023), 175-82.
[4] Juan Pablo Jiménez y Andrea Podestá, «Tributación indirecta sobre la economía digital y su potencial recaudatorio en América Latina: Emparejando la cancha en tiempos de crisis», Centro Interamericano de Administraciones Tributarias – CIAT, de abril de de 2021.
[5] CIAT, «CIAT-SECO Cooperation Program Provides Technical Assistance to the Honduran Revenue Administration Service (Servicio de Administración de Rentas) on Issues Related to the Implementation of Electronic Tax Documents», 17 de marzo de 2023, https://ciat.org/ciat-seco-cooperation-program-provides-technical-assistance-to-the-honduran-revenue-administration-service-servicio-de-administracion-de-rentas-on-issues-related-to-the-implementation-of-electronic/?lang=en
